La Justicia no está para eso

Los agentes de la Guardia Civil que investigan por orden de la jueza Rodríguez-Medel han emitido un segundo atestado que, por supuesto, ya ha sido publicado en los digitales; con lo cual no sé qué sentido tiene todo aquello de quién y cómo debe conocer, o no, el contenido de tales documentos. Bueno, el caso es que este nuevo informe intenta corregir algunos de los errores y manipulaciones del primero… aunque manteniendo la posición inicial y agregando mayores desvaríos a una instrucción que, sinceramente, se ha convertido en un escándalo o si lo prefieren en una tomadura de pelo. Entre otras cosas porque se pretende determinar la comisión de uno o varios delitos no tanto a partir de supuestos hechos como de presuntas intenciones. Pero, ojo, de intenciones consideradas a posteriori, evaluadas de manera perfectamente subjetiva y sistematizadas a partir de una perspectiva y con unos objetivos muy determinados. En este caso, la policía judicial quiere que el Gobierno, sus delegados y asesores científicos se coman el marrón de la pandemia, como si hubiesen creado ex profeso la enfermedad por pura maldad. Y a eso van en amigable compañía de los medios y comentaristas más conservadores y más jetas.

Claro, yo mismo, si me preguntan ahora, también diría que hubiera sido mejor no celebrar la manifestación del 8-M. Como les diría que las medidas de confinamiento y alarma general ante el coronavirus tendrían que haberse ido tomando en aquella primera semana de marzo. Lo tengo muy claro porque ahora sé (como todos ustedes) lo que entonces no sabía. Había muchas dudas razonables donde ahora hay certezas absolutas. Recuerdo perfectamente que en esos días se daban los últimos toques a la que debía ser la XXI edición del Congreso de Periodismo Digital de Huesca, convocado para los días 12 y 13. Hubo diferentes consultas entre los organizadores (la Asociación de Periodistas y el Colegio Profesional de Periodistas de Argón, junto con el Ayuntamiento oscense). Por fin, el martes 10 se hizo público que se aplazaba el evento (al 29 y 30 de octubre). Y si no se tomó esa resolución hasta el último momento fue, entre otras cosas, porque ni se sabía la dimensión de lo que estaba a punto de suceder (en Huesca no se había detectado un solo caso de coronavirus) ni resultaba fácil dejar en el aire una cita importante precedida de meses de trabajo.

En vísperas del 8-M, paralizar España de punta a cabo y suspender, por ejemplo, los transportes públicos era una opción aventurada y de graves consecuencias (como se ha visto luego). Replantear el dilema y determinar la opción mas correcta tres meses después es una simpleza y, desde el punto de vista del Derecho básico, un absurdo. Lo mismo que procesar a las autoridades sanitarias porque no disponían de EPIs para el personal que depende ellos... cuando estos equipos no se fabrican en España y el mercado internacional estaba prácticamente bloqueado. En todo el mundo se han dado este tipo de situaciones. Que se sepa, en ningún país, salvo España, hay acciones judiciales al respecto.

Por supuesto cosa muy distinta es investigar posibles delitos materializados en acciones inequívocas: si hubo ancianos abandonados a su suerte en las residencias, protocolos médicos vulnerados, malas praxis o corrupción por parte de responsables institucionales, profesionales y empresas privadas. De ahí que sea necesario revisar qué sucedió y cómo, dejando a un lado las intenciones subjetivas de cada cual y las condiciones objetivas creadas por una pandemia catastrófica. Doy por sentado que las sectas más estrambóticas que pululan por las redes pueden desarrollar en la actualidad las teorías de la conspiración más ridículas. Hay gente que cree que la tierra es plana o que está en contra de las vacunas o de la Medicina científica. También hay personas afectas a ideologías totalitarias y majaras de toda condición ideológica. Pero esa marejada de la realidad líquida removida por Internet no puede integrarse en el sistema judicial.

La España de orden se ha acostumbrado (sobre todo a costa del “Procés” catalán y sus consecuencias) a convertir la Justicia en un instrumento a su servicio. Un instrumento político, cabe precisar. Por lo cual el PP se niega a considerar la renovación de los altos tribunales y los órganos para el gobierno de la judicatura. Para explicar tan extraña y anómala situación, se recurre a mentar a cada minuto la famosa independencia de los jueces. Eso sí, sin tener en cuenta que esa independencia, en una democracia, no tiene carácter corporativo sino que descansa, aunque sea indirectamente, en la voluntad popular.

A ver si nos entendemos: revisar qué hubiese sido necesario hacer frente a la Covid 19 la primera semana de marzo es como pretender acertar la quiniela cuando ya han terminado todos los partidos.